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Allanan vivienda de funcionario público por presunta apropiación de sueldos

23-Jul-2020

Fiscalía busca incautar evidencia vinculada a recorte ilegal de remuneraciones a empleados a su cargo

(AFN, Lima, 23 de julio de 2020). - La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Tercer Despacho) realizó una diligencia de allanamiento e incautación en el inmueble del exjefe del Área de Asesoría Jurídica de la Red Prestacional del Hospital Edgardo Rebagliati, que habría recortado el sueldo de dos servidores a su cargo.

La acción fue parte de la investigación preliminar por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en contra de Edgar Ampuero Ramírez, iniciada en julio de 2019, y estuvo a cargo del provincial Reynaldo Abia Arrieta, con el apoyo de la fiscal adjunta Jimena Rodríguez Guerrero, un perito informático y policías de la Dirección Contra la Corrupción.

Tuvo como objetivo incautar todo tipo de documentos y aparatos electrónicos como teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB, discos externos, entre otros; con el fin de extraer de estos, y de las redes sociales vinculadas a ellos, información y data digital.

La denuncia realizada por un abogado y un asistente legal señala que Ampuero Ramírez, en su calidad de jefe del Área de Asesoría Jurídica, les habría pedido que le entreguen una parte de sus sueldos, de los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019, a cambio de seguir laborando en el área y de expedir las conformidades de los servicios prestados por ambos empleados.

Según una grabación en audio y video entregada por los denunciantes, se evidenciaría que el imputado pidió que el abogado le entregue la mitad de su sueldo de S/ 6 mil, mientras que al asistente legal le solicitó la suma de S/ 1500, parte de su sueldo mensual de S/ 3500.

El primero señaló que le llegó a entregar un total de S/ 9 mil, mientras que el segundo dijo haberle dado S/2 mil.

Cabe precisar que la medida de allanamiento en este caso fue solicitada por el fiscal Abia Arrieta el pasado 27 de enero, pero fue rechazada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria el 7 de febrero último, pero el Ministerio Público apeló.

Es así que, finalmente, la diligencia se pudo llevar a cabo a partir de la reciente decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que revocó la decisión del juzgado de primera instancia y declaró fundado el requerimiento de allanamiento e incautación, necesario para los fines de la investigación preliminar.


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